El juez del siglo XXI se ve enfrentado en forma creciente a resolver cuestiones relacionadas con derechos humanos debido a la creciente importancia que estos derechos han adquirido en el orden constitucional. La Constitución cubre como un paraguas todo el orden jurídico imprimiéndole ese carácter por lo que todos los jueces no sólo tienen el derecho sino también el deber de aplicar la Constitución cuando ejercen jurisdicción. La apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos ha enfatizado la presencia de los derechos en el orden constitucional, ensanchando normativa e interpretativamente, las posibilidades de recurso del intérprete.
Este libro pretende aportar con el examen de algunos principios de interpretación en materia de derechos humanos. Como una necesaria antesala se discutirá el rol del juez en materia de derechos humanos en el siglo XXI y algunos principios de interpretación constitucional que son relevantes para la garantía efectiva de los derechos humanos.
Índice
Tabla de abreviaturas 11
Presentación 13
Introducción 17
1. Interpretación y apertura constitucional: el rol del juez 18
2. Carácter típicamente constitucional de las normas que declaran derechos 24
3. El derecho judicial 27
Capítulo Primero
Principios de interpretación constitucional
1. Principio de interpretación conforme a la Constitución 32
2. Principio de deferencia al legislador 39
3. La ponderación y el principio de proporcionalidad 45
3.1. Análisis de la ponderación 46
3.2. Los elementos del test o juicio de proporcionalidad 53
3.3. Los desarrollos de la jurisprudencia constitucional comparada 61
3.4. El juicio de proporcionalidad en la jurisprudencial internacional de derechos humanos 67
4. Principio de interpretación evolutiva de la Constitución 75
Capítulo Segundo
Principios de interpretación de los derechos humanos
1. Principio de unidad del sistema de derechos humanos 85
2. Principio pro homine o favor persona 90
2.1. Las fuentes de este principio 92
2.2. Manifestaciones del principio pro homine o favor persona 98
2.2.1. Vertiente interpretativa 99
2.2.2. Vertiente normativa 100
3. Principio de protección de personas en situación de vulnerabilidad 104
3.1. Precisiones conceptuales 105
3.2. Panorama sobre el reconocimiento de la vulnerabilidad en el derecho internacional 106
3.3. Estándares que orientan la interpretación en favor de la vulnerabilidad 114
4. Principio de interpretación conforme a los derechos humanos fundamentales 116
5. Principio de fuerza expansiva de los derechos humanos 120
6. Principio de interpretación evolutiva 125
6.1. Teoría del derecho viviente 126
6.2. Interpretación evolutiva 127
6.2.1. La interpretación judicial de la Constitución y el rol de la interpretación en derechos humanos 127
6.2.2. El tiempo y el Derecho 129
6.3. La recepción jurisprudencial de la interpretación evolutiva 130
7. Principio de progresividad 136
7.1. Mejora gradual pero sostenida 142
7.2. Desarrollo progresivo 143
7.3. El principio de progresividad en la jurisprudencia de la Corte IDH 145
8. Principio de no regresividad o irreversibilidad 150
8.1. Conceptualización y reconocimiento jurisprudencial 150
8.1.1. Concepto y características 151
8.1.1.1. Sentido y alcance del término 151
8.1.1.2. Rasgos principales 155
8.1.2. Su desarrollo jurisprudencial 157
8.2. Restricciones presupuestarias y prohibición de retroceso 163
8.2.1. Progresividad y obligaciones inmediatas 165
8.2.2. El caso de las restricciones presupuestarias 169
8.2.3. Los principios básicos de los derechos sociales, especialmente en tiempos de crisis económica 171
8.2.3.1. El Estado debe proporcionar y asegurar niveles mínimos de protección social 171
8.2.3.2. Las políticas de austeridad deben ser provisionales 175
8.2.3.3. Las políticas de austeridad deben ser necesarias y proporcionales 175
8.2.3.4. Las políticas de austeridad no deben ser discriminatorias, o bien, no deben tener consecuencias discriminatorias 176
8.2.3.5. Con las políticas de austeridad se invierte el peso de la prueba y las medidas del Estado quedan sujetas a un escrutinio estricto 178
8.2.3.6. El Estado tiene el deber de realizar una evaluación de impacto en los derechos humanos antes de la adopción de las políticas de austeridad 179
8.2.3.7. Por regla general, las políticas de austeridad en tiempos de crisis económica no se deben traducir en una disminución de la protección que otorgan los derechos sociales 181
8.2.3.8. Las medidas de austeridad no pueden traducirse en una precarización excesiva de los beneficios que otorgan o reconocen los derechos sociales 182
8.2.3.9. Las políticas de austeridad no pueden tener por resultado la privación, para un extenso segmento de asalariados o beneficiarios, de sus derechos, los cuales justamente los defienden contra la arbitrariedad del Estado o de los particulares o bien contra los vaivenes de la economía 183
8.2.3.10. Los Estados deben demostrar que a pesar de las políticas de austeridad, se aseguran niveles mínimos de vida decente, o sea, que se conserva el goce de un nivel suficiente de los derechos sociales, de tal manera que permite el disfrute de una vida decente, lo cual se encuentra relacionado con la noción de vida digna 184
9. Principio del efecto directo 190
10. Principio de aplicabilidad directa o autoejecutabilidad 194
11. Principio del efecto útil o principio de efectividad 202
11.1. Jurisprudencia constitucional y comparada 203
11.2. El desarrollo jurisprudencial internacional 206
11.2.1. Europea 206
11.2.2. Interamericana 207
12. Principio del efecto corrector 215
12.1. No sometimiento a formalismos o rigorismos in pejus del ejercicio del derecho 215
12.2. Inversión en el peso de la prueba 220
12.3. La justicia material como fin de la actuación judicial en derechos humanos 223
Conclusiones 229
Bibliografía 235
